Defensa DH / Litigio estratégico

Más que Litigio estratégico

El litigio estratégico entendido como el uso de los tribunales nacionales e internacionales para la consecución se determinados objetivos ha sido usado por las organizaciones de derechos humanos prácticamente desde su surgimiento.
 
El médico Héctor Abad Gómez que conocía desde el ejercicio de su profesión en salud los diferentes sistemas internacionales, visionó lo que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos podía hacer en favor del derecho a la justicia de las víctimas y familiares y en 1985 como presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos presentó ante la Comisión Interamericana la denuncia de la desaparición forzada de Luis Fernando Lalinde Lalinde. Fue una de las primeras denuncias recibidas en la CIDH contra el Estado de Colombia.

Desde el Grupo Interdisciplinario GIDH también hemos hecho importantes aportes en el campo del litigio estratégico, pero nuestro trabajo enfocado en víctimas y familiares nos compromete con actividades por fuera del litigio en tribunales, por lo que nos sentimos más identificados cuando hablamos de DEFENSA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS.

El Caso de la masacre de Los niños de Villatina acompañando a las familias no solo fue el litigio de un caso ante tribunales que permitió visibilizar lo que estaba ocurriendo en Medellín en materia de violaciones contra niños, niñas y adolescentes en la década de los años 90, sino un proceso de acompañamiento psicosocial a las familias para transitar la dura etapa del duelo.

Con las denuncias de las masacres de La Granja y El Aro que terminarían siendo un único caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como masacres de Ituango, nos unimos a los esfuerzos para que la Corte se pronunciara sobre la responsabilidad del Estado de Colombia por las acciones realizadas por los grupos paramilitares. Quince años después de la sentencia de la Corte seguimos en contacto con un importante número de familias, trabajando porque el Estado cumpla las órdenes de la Corte.

Vendrían luego las sucesivas operaciones militares en contra de la población civil en la Comuna 13 de Medellín. La documentación de violaciones múltiples de derechos humanos en 9 casos, entre ellos el asesinato de Teresa Yarce y otras vulneraciones sufridas por otras cuatro lideresas, declaradas como probadas en la Sentencia de la Corte Interamericana en el Caso Teresa Yarce y Otras y la denuncia de la desaparición forzada de personas y enterramientos en el Sector de la escombrera con el Caso Arles Edison Guzmán actualmente en trámite en la Corte Interamericana, son parte del trabajo que hicimos y seguimos haciendo en Comuna 13 con muchos intercambios de experiencias entre la Asociación de Mujeres de las Independencias AMI y el GIDH.
En el campo de los defensores de Derechos Humanos antes de la representación, acompañamiento y documentación del Caso de las mujeres defensoras de derechos de Comuna 13, habíamos documentado y litigado el Caso de nuestro compañero Jesús María Valle asesinado por denuncia la connivencia entre el paramilitarismo y el ejército en Ituango. El Caso de Jesús María Valle fue fallado por la Corte Interamericana condenando al Estado de Colombia.
 

El tema de Mujer y conflicto armado que ha sido ampliamente documentado y trabajado por las organizaciones de mujeres en Colombia no ha tenido un caso paradigmático en el Sistema Interamericano y por ello hemos querido contribuir en la visibilización de esa realidad, documentando y presentando a la Comisión Interamericana en el año 2009 la denuncia María G*, cuyos hechos se centran en la utilización del cuerpo de la mujer como trofeo de guerra. La Joven María G* fue violada de manera múltiple por un grupo paramilitar en Medellín y antes de dejarla ir con un mensaje escrito para su barrio, la marcaron en su antebrazo con las siglas AUC con un instrumento cortante.  En 2018 el Caso María G* tuvo Informe de Admisibilidad.

Sindicalismo. Uno de los sectores más golpeado por la política de Estado que creó el paramilitarismo como vía para enfrentar no solo a la guerrilla sino a los movimientos sociales y a la oposición, fue el de los sindicatos.  Las Centrales obreras en Colombia han sabido denunciar en el ámbito internacional las violaciones múltiples de que ha sido objeto el sindicalismo en Colombia, país reconocido como uno de los más peligrosos del mundo para ser sindicalista. El Grupo Interdisciplinario GIDH quiso contribuir a esa denuncia con un litigio internacional documentando y presentando el 27 de diciembre de 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso del Sindicato de Trabajadores y Empleados Públicos de los municipios de Antioquia SINTRAOFAN,  que involucra 36 ejecuciones extrajudiciales de sindicalistas la mayoría directivos locales, 28 miembros directivos con sus familias obligados a desplazarse de sus municipios, 14 subdirectivas cerradas, entre otras violaciones. Desde entonces hasta hoy y exceptuando el año 2020 por razones sanitarias, hemos hecho presencia de muchas formas ante el sindicato y ante las familias de las víctimas de ejecución extrajudicial. El Caso SINTRAOFAN tiene Informe de Admisibilidad y todo el trámite completo ante la CIDH esperando un Informe de Fondo.

Independencia del Poder Judicial. Iniciando el primer período presidencial de Álvaro Uribe -que llegó atacando la independencia del poder judicial, unificando el Ministerio de Justicia y del Derecho con el ministerio del Interior- tuvimos que presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos varias solicitudes de Medidas Cautelares a favor de Fiscales y Jueces que estaban siendo amenazados por las investigaciones relacionadas con paramilitarismo. No solo actuamos frente a la CIDH, sino que además gestionamos el exilio de 3 fiscales. Esa situación que inicialmente fue coyuntural nos llevó a estudiar y analizar la importancia de visibilizar los ataques que estaba afrontando la independencia del Poder Judicial.

Por ello, en el año 2007 cuando lo ataques de Uribe contra la Corte Suprema de Justicia se hicieron públicos y notorios, el Grupo Interdisciplinario GIDH solicitó a la Comisión Interamericana que ordenara al Estado de Colombia tomar Medidas Cautelares de protección para tres Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en un hecho sin precedentes hasta ese momento, la CIDH ordenó las Medidas para proteger a los miembros de la alta Corte.  De las Medidas Cautelares pasamos a la representación en los procesos penales internos buscando justicia y ante la impunidad, pasamos a la presentación del Caso ante la CIDH.  El Caso Magistrados de la Corte Suprema de Justicia fue objeto de acumulación de la fase de admisibilidad con el Fondo y actualmente espera la decisión final de la Comisión.

Ejecuciones extrajudiciales. La implementación y el desarrollo de la política de “Seguridad Democrática” bandera del gobierno de Álvaro Uribe Vélez puso su mayor énfasis en la lucha contra guerrillera, preocupado principalmente por el control territorial. 

Las ejecuciones extrajudiciales son una práctica antigua en Colombia pero a partir del año 2002 se incrementaron dramáticamente como forma macabra para presentar resultados positivos en la lucha contra la subversión. La Jurisdicción Especial para la Paz JEP consolidó el dato de 6.402 ejecuciones extrajudiciales solo entre los años 2002 y 2008.

El GIDH documentó alrededor de 40 casos ocurridos entre 2006 y 2008 de los cuales se seleccionaron cinco para presentarlos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el año 2009 el Grupo Interdisciplinario GIDH presentó ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, en el marco de visita que este hizo al país, un Informe que contenía 199 casos de ejecuciones extrajudiciales que hasta ese momento se mantenía en reserva por el Comité Institucional de Derechos Humanos y DIH del Departamento de Antioquia, en donde participaban delegados de la Fiscalía, la Procuraduría, la Personería, el Ejército Nacional y la Policía Nacional entre otras entidades y que había sido obtenido por el GIDH de una fuente reservada.
Junto con ese listado el GIDH entregó 21 casos plenamente documentados de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Antioquia entre 2002 y 2008 con participación de miembros de ejército nacional. Cinco de esos casos fueron presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente hacen parte de un caso mayor de ejecuciones extrajudiciales que tiene Informe de Admisibilidad y la etapa de fondo concluida.

Además de estos casos que constituyen -desde el punto de vista del uso de los tribunales en favor de los derechos humanos- litigio estratégico que ha contribuido a denunciar y visibilizar prácticas sistemáticas violatorias de derechos humanos, el GIDH ha acompañado a un número importante de víctimas del Estado en sus procesos de denuncia tanto en el ámbito interno como en el internacional.