Defensa DH / Ejecuciones extrajudiciales

La muerte asechando a los jóvenes

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La implementación y el desarrollo de la política de “Seguridad Democrática” bandera del gobierno de Álvaro Uribe Vélez puso su mayor énfasis en la lucha contraguerrillera, preocupado principalmente por el control territorial que garantizara impunidad en el despojo masivo de millones de hectáreas de tierra por parte de los grandes terratenientes.

Las ejecuciones extrajudiciales son una práctica criminal antigua en Colombia, pero a partir del año 2002 se incrementaron dramáticamente como forma macabra para presentar resultados positivos en la lucha contra la subversión, obteniendo apoyo de los grandes capitales y recursos provenientes de Estados Unidos.

A través de la Directiva ministerial No. 029 de 2005 se incentivó que miles de soldados participaran en la ejecución de hombres jóvenes que con engaños o secuestrados extraían de sus lugares de vivienda habitual para presentarlos como guerrilleros muertos en combate en otros municipios.  Como recompensa por la presentación de falsas bajas en combate, los soldados recibían días de descanso y remuneración económica. Estos asesinatos fueron ordenados por Oficiales en todas las Brigadas del Ejército colombiano.

La Jurisdicción Especial para la Paz JEP consolidó el dato de 6.402 ejecuciones extrajudiciales solo entre los años 2002 y 2008, los dos períodos presidenciales de Uribe Vélez.

El GIDH documentó alrededor de 40 casos ocurridos entre 2006 y 2008 de los cuales se seleccionaron cinco para presentarlos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Estos casos fueron acumulados en un caso colectivo que actualmente se encuentra en la etapa de fondo. En documentos de interés de esta sección se encuentra el Informe de Admisibilidad de la Comisión Interamericana. 

Cinco casos de Ejecuciones Extrajudiciales
presentados por el GIDH ante la Comisión Interamericana

LEONARDO FABIO HERRERA GARCÍA y 
GEOVANNY LOAIZA ACEVEDO

Tenía 19 años al momento de su asesinato y vivía en el asentamiento Altos de la Torre en la ciudad de Medellín, con su familia, compuesta por sus padres, su hermano, su hermana y su sobrina.  Trabajaba de manera informal como reciclador.

El 27 de julio de 2007 el soldado profesional Gustavo Munera perteneciente al Batallón de Infantería No. 3 “Batallón Bárbula”, Brigada 14 de la División Séptima del Ejercito Nacional de Colombia le propuso a los jóvenes Leonardo Fabio Herrera y Geovanny Loayza -a quienes conocía porque su familia vivía en el mismo barrio- que viajaran con él al municipio de San Luis (A) porque tenía para ellos un trabajo de fácil realización y buen pago. Estos aceptaron la oferta y se fueron en compañía del soldado ese mismo día.

El 3 de agosto de 2007 el hermano de Leonardo Fabio ante la incertidumbre por el paradero de los jóvenes y luego de recibir información de otro joven que había rechazado la oferta del Soldado Múnera, decidió viajar a San Luís a buscarlos.

En San Luís se enteró que el Ejército Nacional había llevado dos cadáveres sin identificar al hospital municipal y que fueron presentados como N.N - miembros de la guerrilla dados de baja en combate. Al llegar al hospital pudo constatar que efectivamente uno de los cadáveres correspondía al de su hermano y el otro al de su amigo.

Los jóvenes Leonardo Fabio Herrera García y Geovanny Loaiza Acevedo, fueron ejecutados extrajudicialmente por miembros del Ejército Nacional el 28 de julio de 2007, en la vereda La Cristalina del municipio de San Luis, Antioquia.

El 6 de noviembre de 2009 el GIDH presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia sobre estos hechos, la cual fue trasladada al Estado de Colombia el 14 de septiembre de 2010 bajo el No. P-1416-09.

El 22 de julio de 2015 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 34/15 y acumuló 37 peticiones sobre ejecuciones extrajudiciales  bajo el caso No.  12.998

JUAN CARLOS ARENAS PALACIO

Tenía 23 años al momento de su asesinato y vivía en el barrio “El Salado” del municipio del Envigado, con su familia compuesta por su madre, un hermano y tres hermanas.  Trabajaba de manera informal sirviendo de vigilante callejero de vehículos y lavando buses en la terminal del barrio. 

El 9 de marzo de 2008 salió de su casa y no regresó a dormir, razón por la que su familia lo buscó en aquellos lugares que usualmente frecuentaba en el barrio. La búsqueda se extendió a hospitales y a otros sitios del área metropolitana sin ningún resultado. Su madre denunció la desaparición ante la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en Medellín, sin que la fiscalía realizara ninguna acción para encontrarlo.

En febrero de 2009, un año después de la ocurrencia de los hechos, la familia fue citada por la oficina de desaparecidos de la Fiscalía, para ponerle de presente una fotografía de Juan Carlos y un reporte del Ejército en el que había sido presentado como guerrillero N.N. dado de baja en combate el 12 de marzo de 2008.

Juan Carlos Arenas era un joven con problemas de adicción que quería superar por lo que se había sometido a tratamiento en el Centro de Rehabilitación “Camino de la Luz” y había salido del Centro de rehabilitación apenas un mes antes de su desaparición.

Después de ser retenido y trasladado fuera de la ciudad de Medellín, fue ejecutado extrajudicialmente por miembros del Ejército Nacional, pertenecientes al Batallón de Contraguerrillas Nro. 79 adscrito a la Brigada Móvil 11, tres días después de su desaparición, el 12 de marzo de 2008, en la Vereda la Cuchilla del municipio de Dabeiba, Antioquia.

El 24 de marzo de 2010 el GIDH presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia sobre estos hechos, la cual fue trasladada al Estado de Colombia el 3 de septiembre de 2010 bajo el No. P-428-10.

El 22 de julio de 2015 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 34/15 y acumuló 37 peticiones sobre ejecuciones extrajudiciales  bajo el caso No.  12.998