Justicia tras la mordaza
Iniciando el primer período presidencial de Álvaro Uribe Vélez tuvimos que presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos varias solicitudes de Medidas Cautelares a favor de Fiscales y Jueces que estaban siendo amenazados por las investigaciones relacionadas con paramilitarismo.
No solo actuamos frente a la CIDH, sino que además gestionamos el exilio de tres fiscales. Esa situación que inicialmente fue coyuntural nos llevó a estudiar y analizar la importancia de visibilizar los ataques que estaba afrontando la independencia del Poder Judicial.
Uribe Vélez llegó a la Presidencia atacando la independencia del poder judicial, unificando el Ministerio de Justicia y del Derecho con el ministerio del Interior con el propósito de tener mayor control sobre la justicia.
Por ello, en el año 2007 cuando lo ataques de Uribe contra la Corte Suprema de Justicia se hicieron públicos y notorios, el Grupo Interdisciplinario GIDH solicitó a la Comisión Interamericana que ordenara al Estado de Colombia tomar Medidas Cautelares de protección para tres Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en un hecho sin precedentes hasta ese momento, la CIDH ordenó las Medidas para proteger a los miembros de la alta Corte.
Informe JUSTICIA TRAS LA MORDAZA presentado en el año 2009 ante la Comisión Interamericana que recopila los ataques a la independencia del poder judicial desde la Presidencia de la República.
Las Medidas Cautelares las solicitamos al tiempo que participamos en los procesos penales internos buscando justicia y ante la impunidad, pasamos a la presentación de la Petición ante la CIDH el 13 de diciembre de 2012 en representación de los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia María del Rosario González Muñoz, Cesar Julio Valencia Copete e Iván Velásquez Gómez, que quedó registrada bajo el número P-2274-12.
La Comisión Interamericana no dio traslado de la Petición al Estado de Colombia sino hasta el 15 de mayo de 2017 y tomó la decisión con fundamento en su Resolución 1/16 para reducir el atraso procesal, de unir la etapa de admisibilidad con el fondo.
El Caso Magistrados de la Corte Suprema de Justicia identificado con el No. 13.585 ya surtió la etapa de alegatos de las partes y actualmente espera la decisión final de la Comisión.