Ana Teresa Yarce



Historia de vida
Ana Teresa Yarce era una líder comunitaria de larga trayectoria que apoyó y ayudó a los habitantes del Barrio Independencias III de la Comuna 13 a través de su trabajo en la Junta de Acción Comunal donde ejerció el cargo de Fiscal hasta el día de su asesinato y de su participación en la Asociación de Mujeres de las Independencias AMI. Además, era la fontanera del barrio encargada del acueducto veredal, razón por la cual tenía un contacto directo y permanente con la comunidad. Teresa tenía 3 hijos y dos hijas y al momento de su asesinato cuidaba de dos nietas y dos de sus hijos aún menores de edad. 
Su trabajo comunitario y su calidad de defensora de derechos humanos eran ampliamente reconocidos, por lo que su detención arbitraria y posterior asesinato causaron fuerte impacto entre las organizaciones de mujeres en Colombia y de defensores y defensoras de derechos humanos, propiciando múltiples manifestaciones de solidaridad nacional y de muchas organizaciones internacionales.

La detención ilegal
Durante la Operación Orión y los días siguientes se detuvieron más de 350 personas de las cuales ninguna terminó condenada judicialmente y se cometieron asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados, entre otras violaciones a los derechos humanos. Las defensoras Ana Teresa Yarce, María del Socorro Mosquera Londoño y Mery Naranjo Jiménez fueron capturadas ilegalmente el 12 de noviembre de 2002 usando una norma de estado de excepción que le daba facultades de policía judicial al ejército y permitía la llamada “detención administrativa”.

Las lideresas fueron detenidas en un calabozo en las peores condiciones de salubridad y llevadas ante un Fiscal de carácter permanente que sin hacer ningún análisis sobre la ilegalidad de la detención, decidió vincularlas judicialmente y recibirles indagatoria, sindicándolas de ser presuntas autoras de graves delitos.

Recuperando la libertad con un estigma 
Las lideresas recuperaron su derecho a la libertad luego de permanecer detenidas durante 11 días, cuatro en un calabozo de una Estación de Policía y 7 en la Cárcel de Mujeres “El buen Pastor” de la ciudad de Medellín. Recuperaron su libertad por decisión judicial provisional al no existir ni siquiera indicios que las vincularan a los delitos que les endilgaban. Dicha decisión fue posteriormente confirmada de fondo por el ente judicial competente el 22 de mayo de 2003.
La detención ilegal y su vinculación al proceso penal –entre otros delitos, por el de rebelión- las señaló injusta y arbitrariamente como actoras del conflicto armado, afectando con ello su buen nombre, honra y dignidad; dejándolas en la mira de los grupos paramilitares, que las habían hecho detener del ejército acusándolas de guerrilleras. 

Intentando el diálogo con las autoridades
Debido a la persecución y hostigamiento del que seguían siendo víctimas las lideresas comunitarias durante el año 2003 participaron activamente en reuniones concertadas con delegados del Gobierno nacional, en busca de una solución no solamente para su situación sino por la de otros líderes y pobladores de la Comuna, pero todos los intentos fueron infructuosos, porque el gobierno no hizo nada para detener la presencia paramilitar en la zona.

Asesinato
El 6 de octubre de 2004 Teresa Yarce fue asesinada. Sus asesinos tuvieron la intención deliberada de acallarla por las denuncias que estaba realizando de la presencia de los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC en la Comuna 13 y del trabajo de colaboración de estos con miembros del ejército y la policía nacional. Sus denuncias se hicieron sentir entre la comunidad durante todo el año 2002 y más fuertemente tras su liberación después de la Operación Orión, en las reuniones que se realizaron con autoridades del municipio de Medellín y delegados del gobierno nacional en los que estuvo presente señalando esa connivencia.

La búsqueda de Justicia internacional
El Caso de Ana Teresa Yarce fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Grupo Interdisciplinario GIDH el 7 de marzo de 2005 acumulado con el de Mery Naranjo y Socorro Mosquera  y el 23 de julio de 2007 la CIDH aprobó el Informe de Admisibilidad No. 46/07 que sería el primer paso hacia la Corte IDH.
El 4 de noviembre de 2013 la Comisión Interamericana aprobó el Informe de Fondo No. 86/13 de que trata el artículo 50 de Convención Americana sobre Derechos Humanos y lo sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 3 de junio de 2014.
La Corte IDH dictó sentencia condenando por estos hechos al Estado de Colombia el 22 de noviembre de 2016.