Mery del Socorro Naranjo Jiménez

Historia de vida
Mery del Socorro Naranjo Jiménez es una lideresa comunitaria también de larga trayectoria, que ha trabajado de manera constante y sin intereses particulares en el barrio a través de la Junta de Acción Comunal, en donde ocupó el cargo de Fiscal y desde el año 2002 hasta la fecha, el de Presidenta de la JAC, por elección popular.
Activa de la Asociación de Mujeres de las Independencias, su pasión está en el trabajo comunitario, por lo que permanentemente está buscando mecanismos para el mejoramiento del barrio. Su trabajo se funda en gestionar y representar a la población ante la Administración municipal, buscando recursos del Presupuesto Participativo para realizar diversas obras. Administra los recursos asignados y participa de manera activa en las asambleas barriales.

La detención ilegal
Durante la Operación Orión y los días siguientes se detuvieron más de 350 personas de las cuales ninguna terminó condenada judicialmente y se cometieron asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados, entre otras violaciones a los derechos humanos. Las defensoras Mery Naranjo Jiménez, María del Socorro Mosquera Londoño y Ana Teresa Yarce fueron capturadas ilegalmente el 12 de noviembre usando una norma de estado de excepción que le daba facultades de policía judicial al ejército y permitía la llamada “detención administrativa”.

Las lideresas fueron detenidas en un calabozo en las peores condiciones de salubridad y llevadas ante un Fiscal de carácter permanente que sin hacer ningún análisis sobre la ilegalidad de la detención, decidió vincularlas judicialmente y recibirles indagatoria, sindicándolas de ser presuntas autoras de graves delitos.

Recuperando la libertad con un estigma 
Las lideresas recuperaron su derecho a la libertad luego de permanecer detenidas durante 11 días, cuatro en un calabozo de una Estación de Policía y 7 en la Cárcel de Mujeres “El buen Pastor” de la ciudad de Medellín. Recuperaron su libertad por decisión judicial provisional al no existir ni siquiera indicios que las vincularan a los delitos que les endilgaban. Dicha decisión fue posteriormente confirmada de fondo por el ente judicial competente el 22 de mayo de 2003.
La detención ilegal y su vinculación al proceso penal –entre otros delitos, por el de rebelión- las señaló injusta y arbitrariamente como actoras del conflicto armado, afectando con ello su buen nombre, honra y dignidad; dejándolas en la mira de los grupos paramilitares, que las habían hecho detener del ejército acusándolas de guerrilleras. 

Intentando el diálogo con las autoridades
Debido a la persecución y hostigamiento del que seguían siendo víctimas las lideresas comunitarias durante el año 2003 participaron activamente en reuniones concertadas con delegados del Gobierno nacional, en busca de una solución no solamente para su situación sino por la de otros líderes y pobladores de la Comuna, pero todos los intentos fueron infructuosos, porque el gobierno no hizo nada para detener la presencia paramilitar en la zona. 

Desplazamiento y retorno bajo riesgo
El 6 de octubre de 2004 cuando Teresa Yarce fue asesinada, Mery Naranjo se encontraba con ella realizando trabajos comunitarios en el sector de la Independencia III. Como consecuencia del asesinato de la líder comunitaria y debido a las amenazas y la persecución que seguían sufriendo las lideresas Mery Naranjo y Socorro Mosquera, la situación de seguridad se tornó más grave y tuvieron que salir de su residencia y alejarse de sus hijos. Mery Naranjo Jiménez regresó al barrio en el año 2005 con protección ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Las 3 lideresas se caracterizaron por su compromiso en el empoderamiento de las mujeres del barrio a través de la Asociación de Mujeres de las Independencias y en la Junta de Acción Comunal y por la resistencia frente a la presencia de los actores armados, primero a los grupos de milicias y después de los grupos paramilitares.

La búsqueda de Justicia internacional
El Caso de Mery Naranjo Jiménez fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Grupo Interdisciplinario GIDH el 7 de marzo de 2005  y el 23 de julio de 2007 la CIDH aprobó el Informe de Admisibilidad No. 46/07 que sería el primer paso hacia la Corte IDH.
El 4 de noviembre de 2013 la Comisión Interamericana aprobó el Informe de Fondo No. 86/13 de que trata el artículo 50 de Convención Americana sobre Derechos Humanos y lo sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 3 de junio de 2014.
La Corte IDH dictó sentencia condenando por estos hechos al Estado de Colombia el 22 de noviembre de 2016.