Miriam Eugenia Rúa Figueroa 

Su historia de vida
Miriam Eugenia Rúa Figueroa socióloga de la Universidad Autónoma Latinoamericana, era una líder comunitaria en el sector barrio nuevo, San Javier la Loma de la comuna 13 de la ciudad de Medellín. Para mayo de 2002 cuando se realizó la Operación Mariscal era la presidenta de la Junta de Acción Comunal.
Fue líder barrial desde 1989 junto con su esposo, quien también fue presidente de la Junta de Acción Comunal. Hacían trabajo comunitario y tenían un semillero infantil entre los 6 y los 12 años y un grupo juvenil. Para la época de los hechos vivía en una casa propia con su compañero permanente y sus tres hijas menores de edad.
Miriam Rúa había sido ya víctima de la violencia en Colombia, puesto que su primer esposo que también era líder comunitario, fue desaparecido y posteriormente encontrado asesinado, a principios de la década de los años 90’ cuando sus hijas mayores tenían apenas dos años la mayor y tres meses de nacida la segunda.  Aún así, el compromiso de Miriam ha sido indeclinable.

Los hechos
Para el año 2002, Miriam Rúa Figueroa se desempeñaba como Presidenta de la Junta de Acción Comunal de Barrio Nuevo, en la Comuna 13 y tenía un alto compromiso con la comunidad en particular con las mujeres para promover su participación en las actividades barriales.
En junio de ese año, apenas unas semanas después de la Operación Mariscal que se había realizado el 21 de mayo, la lideresa recibió información de un vecino acerca de que su nombre se encontraba en una lista de personas que los paramilitares podrían asesinar y que por esta razón era mejor que se fuera del barrio pues había riesgo si se quedaba. Ante la amenaza el 26 de junio abandonó el barrio en compañía de su compañero permanente y sus 3 hijas menores de edad.
Hay que anotar acá la circunstancia especial que una amenaza de este tipo significaba para una lideresa como Miriam, que había perdido a su primer esposo también en el conflicto armado al ser desaparecido y posteriormente asesinado por sus actividades comunitarias.

El desplazamiento
Miriam salió de su casa sin ningún bien, solo pudo sacar algunas prendas de vestir para sus hijas; no tenía a donde ir, ni dinero para pagar renta en otro barrio. Encontró refugio en la casa de unos familiares en el Municipio de Bello.
Al día siguiente de su partida llegaron los paramilitares e irrumpieron de manera violenta en todo el sector. Posteriormente y por versiones suministradas por sus vecinos, se enteró de que su casa estaba siendo ocupada por integrantes de ese grupo quienes dijeron públicamente “que ya sabían que la Presidenta de la Acción Comunal vivía en esa casa”. Situación que acrecentó el temor de perder su vida si regresaba.

La destrucción de su vivienda
La casa fue destruida de manera escalonada, pues aparte de llevarse todos los muebles que contenía, tomaron todas las partes integrantes de su estructura (ventanas, puertas, sanitario y al final los propios ladrillos que la conformaban. Hay registros fotográficos de cómo era la casa y lo que quedó de ella.

La violación al derecho de Asociación
Debido al desplazamiento forzado al que fue sometida y al alto riesgo que representaba seguir ejerciendo su cargo, a la víctima no le quedó otra salida que retirarse de la Presidencia de la Junta de Acción Comunal. Aunque nunca hizo un pronunciamiento expreso de su renuncia a la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Medellín que es la encargada de los registros, fue reemplazada por el Vicepresidente de la Junta. Miriam no volvió al barrio ni pudo seguir ejerciendo sus actividades como lideresa comunitaria.

La negación de justicia
Miriam Rúa activó varios trámites para denunciar su situación, entre ellos fue a la oficina de Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental para rendir una declaración por desplazamiento forzado, presentó una solicitud ante la Red de Solidaridad Social y denunció ante la Fiscalía Seccional de Medellín.
Ninguno de esos recursos surtió efecto alguno. Pasados más de 11 años de la ocurrencia de los hechos, ni Miriam ni su familia habían sido inscritos en el Registro Único de población Desplazada, a pesar de haber realizado varios trámites desde el año 2002, incluyendo dos tutelas, sin embargo, con ocasión del Informe de Fondo No. 86/13 de la CIDH previo a que el Caso fuera presentado ante la Corte Interamericana, la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas el 28 de mayo de 2014, ya casi a 12 años del desplazamiento, revocó las anteriores decisiones y ordenó inscribirla como desplazada. 

La búsqueda de Justicia internacional
El Caso de Miriam Rúa fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Grupo Interdisciplinario GIDH el 27 de octubre de 2004  y el 27 de febrero de 2007 la CIDH aprobó el Informe de Admisibilidad No. 3/07 que sería el primer paso hacia la Corte IDH.
El 4 de noviembre de 2013 la Comisión Interamericana aprobó el Informe de Fondo No. 86/13 de que trata el artículo 50 de Convención Americana sobre Derechos Humanos y lo sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 3 de junio de 2014.
La Corte IDH dictó sentencia condenando por estos hechos al Estado de Colombia el 22 de noviembre de 2016.