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ORGANIZACIONES DE ESTADOS UNIDOS SE SOLIDARIZAN CON LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS EN BARRANCABERMEJA, COLOMBIA. PDF Imprimir E-mail

ORGANIZACIONES DE ESTADOS UNIDOS SE SOLIDARIZAN CON LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS EN BARRANCABERMEJA, COLOMBIA.

GIDH - Diciembre 5 de 2011. Un importante nmero de organizaciones de Estados Unidos, han remitido una comunicacin al Presidente de Colombia Juan Manuel Santos, en la que solicitan se tomen acciones efectivas para proteger la vida y la integridad de defensores y defensoras de derechos humanos en Barrancabermeja, Santander, luego de que recibieran una amenaza de muerte por parte del grupo paramilitar "Los Rastrojos".
 
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Misin Internacional de Verificacin
sobre la situacin de los defensores de Derechos Humanos
entrega informe preliminar

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Misin Internacional de Verificacin visitar Medelln para conocer la situacin de los defensores de Derechos Humanos en Antioquia, Caldas y Quindo.

El encuentro se llevar a cabo el 29 de noviembre en el Hotel Botero Plaza y la atencin a los medios de comunicacin ser de 7:30 a.m. a 8:00 a.m.

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PRONUNCIAMIENTO PBLICO DE LA CCEEU

14 a?os despus de la masacre de Mapiripn an se desconoce la verdad

?Qu pas en Mapiripn?

Bogot, noviembre1 de 2011 - En julio de 1997 dos aviones transportaron centenares de paramilitares desde Urab hasta los Llanos orientales. Segn la Fiscala General de la Nacin, el Ejrcito colombiano, y en particular las Brigada VII, facilit que sobrevolaran zonas de alto control areo, aterrizaran, se movilizaran por va terrestre y fluvial pasando por donde se encontraban la Brigada Mvil II y la Infantera de Marina, y llegaran hasta la orilla opuesta al ro Guaviare, frente a Mapiripn. Una vez all, durante cinco das sacaron personas de sus casas, las torturaron, las asesinaron y luego desaparecieron sus restos, en un acto de barbarie sin precedentes.

La Corte Interamericana, en su sentencia del 2005 sobre la masacre de Mapiripn, precis que ?al momento de efectuar dicho reconocimiento el Estado acept expresamente que, a pesar de ser an indeterminado, fueron aproximadamente 49 las vctimas ejecutadas o desaparecidas?. De all que impusiera al Estado colombiano la obligacin de ?individualizar e identificar, en un plazo razonable, a las vctimas ejecutadas y desaparecidas, as como sus familiares?. Es claro pues que la obligacin de determinar con exactitud quines fueron vctimas de esta masacre es del Estado colombiano, y no de las vctimas mismas ni de sus representantes. ?Qu han hecho la Fiscala y la Procuradura en este sentido? ?Qu han hecho para esclarecer los hechos y determinar a todos los responsables?

La se?ora Mariela Contreras, reconocida como vctima de la masacre de Mapiripn por parte del Estado, cambi la versin sostenida durante 14 a?os al afirmar recientemente que no fue vctima de estos hechos, a pesar de haber sido indemnizada por ellos. Esto se suma a las declaraciones de unos paramilitares actualmente procesados por la ley de justicia y paz, quienes han se?alado que la cifra de presuntas vctimas es inferior, contradiciendo lo manifestado anteriormente por Carlos Casta?o Gil y otros paramilitares. Sin que haya avances significativos en las investigaciones por la masacre, la Fiscala ha se?alado que las presuntas vctimas fueron muchas menos. ?Por qu la Fiscala, basada solamente en las afirmaciones de estos paramilitares, afirma con tanta seguridad que las vctimas no fueron ms de nueve? ?Pretende cubrir con estas afirmaciones su negligencia de a?os?

Por otro lado, es muy grave que una persona haya eventualmente enga?ado al Estado, pero este hecho no deslegitima automticamente al resto de las vctimas, no reduce su nmero ni el sufrimiento por el que han pasado, y tampoco da lugar a cuestionar la ocurrencia de la masacre. En los ltimos das se ha hecho una generalizacin indebida al cuestionar las reclamaciones de todas las vctimas y relativizar lo ocurrido. Por esa va, se busca poner en duda tambin las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, su credibilidad y legitimidad. Ningn tribunal est exento de ser objeto de un fraude, pero cuando este se descubre, se procesa y se sanciona al responsable, pero no tiene por qu acarrear el descrdito del tribunal ni del procedimiento correspondiente, as como tampoco el de las vctimas en general y el de los abogados que han participado en l.

Es inaceptable que altas autoridades colombianas se hayan aprovechado de esta situacin para proferir pblicamente agresiones difamatorias contra las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos. Rechazamos el hecho de que se utilice este episodio para acusar al Colectivo de Abogados Jos Alvear Restrepo de haber propiciado esta situacin ?para lucrarse con los recursos del Estado?[1], llegando a expresar que ?lo que no nos imaginamos es que recomendaban que mintieran e hicieran pasar por vctimas a quienes no lo eran. ?Qu ms acto de corrupcin que este?"[2]. Del mismo modo, consideramos inadmisible que se comparen las acciones del Colectivo de Abogados con las desarrolladas por las Bandas Criminales[3]. Estos y otros se?alamientos, adems de revelar una ligereza impropia de la investidura de quienes las han proferido, desdicen del compromiso  del Estado colombiano con la proteccin de los derechos humanos, y del respeto a la actividad de las y los defensores de estos derechos. Por el contrario, los estigmatizan y los exponen a graves situaciones de riesgo para sus vidas.

Es repudiable que una persona pretenda hacerse pasar por vctima cuando no lo es, por lo que se debe investigar y sancionar a los responsables de esta conducta de manera inmediata. Pero ello no debe dar lugar a perder las proporciones de lo sucedido: Mapiripn es una de las masacres ms terribles en la historia de Colombia; la impunidad frente a lo ocurrido es clara, pues no se ha procesado a la totalidad de los responsables de estos hechos, incluidos algunos miembros de la fuerza pblica del ms alto nivel; las verdaderas vctimas de la masacre han pasado por un sufrimiento indescriptible y todava esperan respuestas por parte del Estado colombiano; para ayudarlas a obtener estas respuestas, y no para enriquecerse, es que las organizaciones de derechos humanos representan a las vctimas ante los sistemas internacionales.

La Coordinacin Colombia Europa Estados Unidos expresa su solidaridad con el Colectivo de Abogados Jos Alvear Restrepo y hace un llamado a que no se ahorren esfuerzos para que a quienes luchan por los derechos humanos y contra la impunidad en el pas

se les brinden las garantas necesarias para poder llevar a cabo su labor libres de intimidaciones y agresiones, en particular por parte de aquellos sectores que se veran perjudicados con el avance de los derechos humanos, el esclarecimiento de los crmenes y la reparacin de las vctimas.

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Mayor informacin a prensa:  Jos Humberto Torres  - Comit Operativo Nacional (Tel : 317 665 52 20)

La Coordinacin Colombia Europa Estados Unidos (C.C.E.E.U.) es una coalicin de 220 organizaciones colombianas que trabajan por la promocin y defensa de los derechos humanos en el pas: http://www.ddhhcolombia.org.co

 
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Grupo Interdisciplinario GIDH respalda al Colectivo de Abogados Jos Alvear Restrepo CAJAR por las falsas acusaciones en su contra en el Caso de la Masacre de Mapiripan

Comunicado de la CCEEU de la cual hacen parte 220 organizaciones de derechos humanos, entre ellas el GIDH                                                                  Comunicado de la CCEEU de la cual hacen parte 220 organizaciones de derechos humanos, entre ellas el GIDH

14 a?os despus de la masacre de Mapiripn an se desconoce la verdad

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